Presupuestos del Estado
Advierten que, si la regulación no se reforma, la tramitación de las cuentas públicas podría llegar al Tribunal Constitucional
Gestha pide reformar la ley para aclarar los efectos de un segundo rechazo a los objetivos de déficit, tal como se ha producido
El Gobierno sigue enfrentándose a obstáculos en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2027. Ahora, al rechazo del Congreso de la senda fiscal que tuvo lugar la semana pasada se suma el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), quienes cuestionan que sea posible la tramitación de unas cuentas públicas en estas circunstancias. Esta organización ha advertido este jueves que, si no hay una reforma de la regulación, la tramitación de los presupuestos podría llegar hasta el Tribunal Constitucional.
Así, Gestha propone una reforma de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (conocida como Ley Montoro, de 2012), que tendría como objetivo determinar los efectos de un segundo rechazo parlamentario de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública sobre la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
Este sindicato recuerda que, si se produce un primer rechazo a los objetivos del Gobierno, se dispone de un plazo de un mes para presentarlos en una segunda ocasión, aunque no se precisa qué sucede si esa segunda votación también es tumbada por el parlamento. Es lo que ha ocurrido este mes de julio, y sin embargo, Hacienda ha decidido seguir el proceso apoyándose en los datos suministrados a Bruselas.
Un camino inédito que toma tras una posición de la Abogacía del Estado de 2023 que avalaba una actuación en este sentido. “A falta de aprobación de una senda de convergencia hacia la situación de equilibrio, resultará de aplicación la contenida en el programa de estabilidad, a condición de que éste haya sido valorado favorablemente por el Consejo”, señalaba ese informe.
Gestha reclama una respuesta normativa clara y expresa en la ley
Desde Gestha reconocen que la Abogacía del Estado determinó en ese año que el rechazo de los objetivos fiscales no impedía al Gobierno presentar los Presupuestos, y apuntan que este informe “contiene criterios interpretativos que pueden proyectarse al Presupuesto de 2027, al no tener objetivos aprobados”. Sin embargo, indican que no existe consenso en esta interpretación, ya que parte de los expertos mantienen que la aprobación parlamentaria “es un requisito previo para elaborar el proyecto presupuestario”.
De este modo, Gestha califica como esencial el contar con una respuesta normativa clara y expresa en la Ley Orgánica y argumenta, en base al criterio de la Airef, que los Presupuestos Generales del Estado refuerzan la calidad institucional, la transparencia, la supervisión fiscal y la rendición de cuentas.
Además, los técnicos de Hacienda recuerdan que el Tribunal Constitucional tiene pendiente resolver sobre la falta de presentación del proyecto de Presupuestos entre 2024 y 2026, así como acerca de las sucesivas prórrogas presupuestarias, en un conflicto de atribuciones promovido por el Senado, entre otros aspectos.
El presidente de Gestha, Javier Gómez Vergel, asegura que “la calidad institucional consiste también en revisar las normas cuando la experiencia revela una insuficiencia y en evitar que la incertidumbre jurídica condicione el funcionamiento de las instituciones”. Y añade que la tramitación de los presupuestos debe apoyarse en un procedimiento claro y completo.